Por: Jesús Santa Rodríguez
Para que Puerto Rico pueda proyectarse mejor hacia el futuro no basta con decir frases estereotipadas sobre la importancia del “desarrollo económico como punta de lanza que propenda a la riqueza del país”. Es cierto que nuestra isla necesita fortalecer su infraestructura, incentivos y ofrecimientos para retener y atraer nueva inversión, pero es igualmente importante reforzar nuestros recursos humanos con todas las herramientas disponibles para potenciar un futuro de bienestar, y la educación es esencial para lograrlo.
La educación no es un privilegio, es un derecho humano y un deber de los gobiernos hacerla disponible. Promueve el desarrollo integral de los individuos por ser fundamental para reducir la pobreza, ya sea mediante el emprendimiento propio y el empleo digno. La educación también conciencia sobre la igualdad entre las personas y provee visibilidad sobre conceptos que propenden a la paz, como el respeto a los derechos de los demás, y ofrece herramientas para fomentar la tolerancia. Las sociedades que más recursos invierten en educar a sus niños y jóvenes tienden a ser más pacíficas y prósperas.
Sin embargo, es importante calificar el término “inversión de recursos”. Puerto Rico es una de las jurisdicciones y países que más dinero invierte por cada niño que participa del sistema de educación pública. En contraste, los resultados de las pruebas que califican el apresto de nuestros estudiantes apuntan a que estos rinden por debajo del promedio de estas comparables.
Aceptando la importancia de lo anterior, también toca reconocer que la educación no puede limitarse a medir las aptitudes de los estudiantes en su ejecución de problemas matemáticos, o su conocimiento y entendimiento adquirido en materias como Español, Inglés y Ciencias. Adquirir conocimientos nuevos y pertinentes para avanzar socialmente es muy importante, pero también lo es aprender sobre la cultura, los valores y los principios éticos y morales, pues estos nos distinguen como seres humanos y sociales.
Lamentablemente, el deterioro y falta de interés en transmitir estos principios a nuestro componente más joven es notable. Evidencia de esto es la inversión de tiempo que muchos encargados destinan a sus niños y la manera en que son tratados nuestros adultos mayores. Aunque reconocemos que la seguridad física y emocional de estos descansa, en gran medida, en el Estado, esta responsabilidad no puede convertirse en exclusiva del gobierno y sus instituciones. Los familiares también tienen la obligación de velar por los niños y jóvenes, asegurando que reciben educación formal y manteniendo contacto con los maestros para conocer su desempeño, fortalezas y debilidades académicas. Del mismo modo, es importante atender el bienestar de los envejecientes, y proveer los espacios y el acompañamiento para su asueto y socialización, así como estar atentos a su salud física y mental.
Juntos, el Estado y la familia, tienen la obligación compartida de preocuparse y ocuparse del bienestar de sus envejecientes y sus niños desde la educación, no solo interesándose en su presente, sino proyectándose hacia el futuro. De esta disposición colaborativa y común en los deberes de todos depende el potencial de prosperidad individual y el dinamismo económico y social de Puerto Rico.
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