Las dañinas órdenes de Trump

Por: José “Conny” Varela

Es claro que todo país libre, soberano e independiente tiene su prerrogativa de establecer los lineamientos de política pública que estime pertinente para adelantar sus causas, ya sea para promover actividad económica, garantizar bienestar social, controlar sus fronteras y regular actividades que tengan impacto sobre sus habitantes. También es cierto que es responsabilidad compartida de todo país, ejercer prudencia al establecer políticas que pudieran afectar a países vecinos o aquellos que son consignatarios en acuerdos o tratados generales o específicos.

No obstante, el actual Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dado paso a una serie de cuestionables órdenes ejecutivas, que van desde deportar inmigrantes con estatus pendiente de adjudicación, alza de aranceles de bienes provenientes de China, México y Canadá, hasta la eliminación de políticas de equidad de género. Varias de estas medidas atentan con el ordenamiento jurídico actual de esta nación, cimentado en los principios y valores de sus padres fundadores y en las luchas logradas por ciudadanos y organizaciones estadounidenses. Algunas ya están siendo retadas en el Poder Judicial federal, por alegadas fallas de inconstitucionalidad y por violentar la jerarquía de derecho.

Los efectos negativos de estas órdenes ejecutivas ya han comenzado a sentirse en los mercados de valores más importantes (Dow Jones, Nikkei, S&P 500), con efectos negativos en otros lugares del mundo, incluyendo Puerto Rico, que por sus circunstancias económicas y políticas en su relación con los Estados Unidos es altamente sensitivo a las decisiones del gobierno estadounidense.

El obstinado y hasta agresivo proceder de la administración Trump es preocupante y denota un claro desafío al sistema de separación de poderes, al principio de frenos y contrapesos (“check and balance”), al respeto a los derechos humanos y civiles, así como a los límites del campo de acción federal sobre sus estados y jurisdicciones, principios respetados y hasta adoptados por una inmensa cantidad de países del Planeta. Sus decisiones ponen en vilo los esfuerzos por lograr la paz en áreas sumamente convulsas, como la Palestina y el Medio Oriente, así como arriesga los acuerdos internacionales tomados en materia de seguridad, migración, comercio, desarrollo socioeconómico entre otros. En el caso de Puerto Rico, esta combinación de ordenes ejecutivas han generado preocupación en la comunidad emigrante que comparte nuestro país, así como los nacidos en esta Isla. Igualmente, resulta en un severo golpe al funcionamiento de programas e iniciativas respaldadas con fondos federales para controlar los serios niveles de pobreza y desempleo existentes.

Sin lugar a duda, estas acciones del actual Presidente deben ser urgentemente rechazadas por nuestro pueblo. Al mismo tiempo, debemos exigir el respeto que merecemos. Los puertorriqueños creemos firmemente en el sistema democrático de gobierno como garante de la voluntad del pueblo y quien tiene como altos principios el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.