No normalicemos la violencia

Por: Lilliam Maldonado Cordero

En días recientes fuimos testigos de la agresión sufrida por una mujer a manos de otra que, a pleno sol, destrozó los cristales de su vehículo forzándola a salir del carro para propinarle una golpiza que le causó daños físicos y requirió de atención médica. Del mismo modo, hemos visto cómo se ha registrado un aumento significativo en los crímenes violentos -casi un 20% entre 2023 y 2024-, y el incremento en las masacres y el narcotráfico.

¿Qué puede conducir a una persona a resolver diferencias recurriendo a la violencia verbal, física o psicológica, y destruir propiedad ajena y agredir físicamente a otra? ¿Los incidentes de violencia son más frecuentes hoy día, o es Puerto Rico un país históricamente violento?

Algunos atribuyen la violencia en Puerto Rico a problemas de salud mental, el uso de sustancias controladas y abuso del alcohol. De acuerdo con estudios basados en las cifras de violencia de nuestro país, se han registrado periodos en que se observan ciclos de mayor intensidad, en contraste con otros menos agudos. Estos estudios atribuyen ese componente cíclico de la violencia a factores demográficos y sociológicos. Por ejemplo, los asesinatos y homicidios en Puerto Rico tuvieron un fuerte crecimiento entre 1920 y 1945, bajando en intensidad entre 1945 y 1970. A partir de 1970, se vuelve a recrudecer, integrándose otras formas de violencia, como robos, agresiones y violaciones, con cifras similares a las tasas registradas en las décadas del 30 y 40. De hecho, en 1942 los asesinatos en la isla alcanzaron una tasa de 24 por cada 100,000 habitantes, similar a los 27 asesinatos por cada 100 mil en 1994, que fue el periodo del siglo XX con mayor violencia registrada, superado en 2012 con 30 asesinatos por cada 100 mil.

Muchos atribuyen el alza de asesinatos al manejo deficiente de la salud mental en la isla y la falta de tratamiento al maltrato infantil y la violencia de género. Así mismo, el incremento en la actividad violenta -que no se limita a los asesinatos- puede tener raíces en la crisis fiscal del país, que incide en la estabilidad económica de los hogares, así como las altas tasas de pobreza y la falta de acceso a educación de calidad, perpetuando la precarización de los menos afluentes. Se sabe que existe una correlación significativa respecto al nivel de escolaridad y la incidencia de la pobreza: a mayor educación formal, menor la probabilidad de vivir bajo el nivel de pobreza.

Los estudios sobre el comportamiento de la población buscan conocer la incidencia delictiva y la violencia para catalogarla y medirla, con el fin de entender estos fenómenos. Pero, como país es necesario, más que conocerlos, interpretarlos y aplicarlos en la elaboración de programas y tratamientos para prevenir las conductas violentas, romper con el ciclo del maltrato y el modelaje de conductas destructivas, buscar el encausamiento de los criminales y proveer la oportunidad para su rehabilitación y reintegración a la sociedad una vez no representen peligro para otros.

El comportamiento violento y antisocial es materia de análisis para los expertos en la conducta humana, su tratamiento es complicado y es un problema que atender. Pero, también necesitamos enfocarnos en la prevención del desarrollo de estas conductas desde la niñez y juventud, evitando la exposición a la violencia en el contexto familiar y comunitario, y en los medios de comunicación y las redes sociales. No normalicemos la violencia. Acabar con este mal toca a todos.